Introducción

El presente artículo reflexiona sobre la relación entre democracia constitucional y seguridad humana en el contexto mexicano contemporáneo. La pregunta de investigación es ¿En qué medida el régimen político mexicano garantiza actualmente la democracia constitucional y la seguridad humana en su territorio, y cuáles transformaciones institucionales y de política pública serían necesarias para lograr estos objetivos?

A partir de un marco conceptual que define la seguridad humana como la protección integral de las personas frente a amenazas estructurales y directas —como la violencia, la pobreza o la exclusión—, este texto argumenta que solo en el contexto de una democracia constitucional sólida puede garantizarse dicha seguridad de manera efectiva.1

México cuenta formalmente con un marco convencional, constitucional y legal que protege derechos fundamentales humanos, y establece controles al poder, aunque estos puedan ser mínimos. Sin embargo, existen graves déficits en la aplicación de este marco normativo, altos niveles de impunidad y una crisis de violencia que afecta de forma directa la vida y dignidad de millones de personas.2

El análisis del caso mexicano revela que la deficiente seguridad pública, la debilidad institucional y la corrupción han limitado la capacidad del Estado mexicano para garantizar condiciones mínimas de seguridad humana.3 Al mismo tiempo, el deterioro de los pesos y contrapesos, así como el uso discrecional del poder, han socavado la legitimidad del sistema político de este país.4

Por otra parte, enfrentar la crisis de seguridad en México no puede reducirse a estrategias de fuerza o control territorial, sino más bien requiere una reorientación profunda del modelo de seguridad pública, con un enfoque en el fortalecimiento del Estado de derecho.5 Lo anterior implica reforzar las instituciones democráticas, asegurar el acceso a la justicia a grupos vulnerables, priorizar el castigo ejemplar a conductas delictivas de alto impacto, proteger la dignidad humana y fomentar la participación ciudadana y el desarrollo humano. De esta forma, el presente texto académico propone una aproximación a la seguridad humana como eje articulador para la construcción de la democracia, el desarrollo integral, la justicia y la paz sostenible en México.

Los siguientes apartados han sido diseñados con el propósito de cumplir con el objetivo del presente artículo: a) marco teórico conceptual, el cual proporciona un fundamento sólido para la evaluación de la capacidad del Estado mexicano de garantizar la democracia constitucional y la seguridad humana, b) diagnóstico del caso mexicano, el cual conecta este marco con la realidad mexicana, c) crítica al actual enfoque de seguridad pública, ya que no coadyuva a la promoción de la dignidad humana en México, d) propuesta de reconfiguración institucional y de política pública, la cual intenta construir un modelo más integral de democracia constitucional y seguridad humana y e) conclusiones, las cuales reivindican el papel de la democracia constitucional como instrumento promotor de la seguridad humana en este país.

Por cuestiones de extensión, el presente artículo no ofrece evidencia empírica sistematizada (e. g. datos estadísticos, encuestas o estudios de caso detallados que respalden cuantitativamente sus afirmaciones), sino más bien un enfoque predominantemente teórico. De igual forma, carece de una perspectiva comparada y su delimitación espacial es a nivel nacional, lo cual podría en principio considerarse una deficiencia óptica debido a su amplitud, sin embargo, este artículo trata de realidades que son comunes en todo el territorio mexicano.

¿En qué consiste la seguridad humana?

La noción de seguridad humana surge como una respuesta crítica a los enfoques tradicionales de seguridad centrados exclusivamente en la protección del Estado, la defensa nacional y las amenazas militares. Esta perspectiva fue impulsada a nivel internacional por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su Informe sobre el Desarrollo Humano de 1994, en el que propone una visión integral de la seguridad centrada en la persona.

A diferencia de la seguridad nacional, la seguridad humana se enfoca en proteger la dignidad, libertad y bienestar de los individuos. Su objetivo es garantizar a todas las personas condiciones mínimas de vida digna, lo que incluye la protección efectiva frente a amenazas como la violencia, la pobreza, la enfermedad, la injusticia o la exclusión.6

Componentes de la seguridad humana

El PNUD (1994) identifica siete dimensiones básicas de la seguridad humana:

1. Seguridad económica: la cual implica acceso a ingresos y recursos básicos para una vida digna.
2. Seguridad alimentaria: refiere al acceso físico y económico a alimentos suficientes y nutritivos.
3. Seguridad en la salud: enfocada al acceso a servicios de salud y protección frente a enfermedades.
4. Seguridad ambiental: que se traduce a la protección contra la degradación ambiental y desastres naturales.
5. Seguridad personal: enfatizada a la protección frente a la violencia física, doméstica, criminal o estatal.
6. Seguridad comunitaria: dirigida a la protección de identidades culturales, étnicas y religiosas.
7. Seguridad política: proyectada hacia la protección de derechos políticos y libertades civiles.7

Enfoque multidimensional e interdisciplinario

Debido a esta multidimensionalidad, la seguridad humana debe analizarse desde una perspectiva interdisciplinaria, que incluya estudios jurídicos, sociales, económicos, políticos, culturales, entre otros. Por otra parte, su realización exige una articulación efectiva entre la fortaleza del Estado de derecho, el diseño e implementación de políticas públicas eficientes, la promoción del desarrollo humano y la expansión de la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas.8

Este enfoque debe considerar que la injusticia estructural, la corrupción desenfrenada, la impunidad sistémica, las desigualdades sociales y económicas profundas y la falta de oportunidades constituyen amenazas tan graves a la seguridad de las personas como los conflictos armados.9

Seguridad humana y liberalismo constitucional

La seguridad humana se vincula estrechamente con el nivel de respeto a los derechos fundamentales y humanos, el fortalecimiento del Estado de derecho y la construcción de instituciones políticas y económicas inclusivas. De esta forma, el liberalismo (o la democracia) constitucional se presenta como el contexto jurídico-político idóneo para fortalecer la seguridad humana, ya que establece límites claros al poder, protege libertades civiles y derechos políticos, y promueve la vigencia del Estado de derecho.10

En este sentido, la democracia (o el liberalismo) constitucional se basa en dos principios fundamentales: el gobierno representativo y la limitación efectiva al poder a través de una constitución. Este tipo de régimen político exige un marco constitucional y legal robusto que garantice el ejercicio de los derechos fundamentales, de las libertades civiles y de los derechos políticos, así como el control efectivo al poder para orientarlo al desarrollo de la nación.11

Fundamentos teóricos de la democracia constitucional

1. Soberanía popular y legitimidad democrática: Este principio implica que el poder político emana de la ciudadanía y se ejerce en su nombre mediante mecanismos representativos y participativos. Sin embargo, este poder no es absoluto, sino que está limitado por un orden constitucional respetuoso de derechos humanos y fundamentales.12
2. Supremacía y control constitucional: Este principio expresa que la constitución establece límites claros al poder político y organiza equitativamente sus instituciones. Al mismo tiempo conlleva que todo acto de autoridad debe fundamentarse en la constitución, y que deben existir mecanismos de control jurídico y político que garanticen en la práctica el respeto de los derechos fundamentales, así como los pesos y contrapesos entre los poderes del Estado.13
3. Derechos fundamentales como base normativa: Este principio habla del reconocimiento de la dignidad humana como fundamento de los derechos humanos, los cuales deben ser protegidos incluso frente a la voluntad de la mayoría. Estos derechos incluyen las libertades civiles, los derechos políticos, sociales, económicos y culturales, así como sus respectivos mecanismos de exigibilidad.14
4. Estado de derecho: Este principio determina el reconocimiento expreso de la supremacía del derecho y de la igualdad frente a la justicia (nadie está por encima de la ley), es decir, que todos —especialmente los gobernantes— deben estar sometidos por igual a los ordenamientos orientados hacia el bien común. No obstante, su consecución sociológica requiere la presencia efectiva de pesos y contrapesos entre los poderes del Estado, para que así las normas jurídicas y las políticas públicas coadyuven eficazmente hacia la obtención del bien común.15
5. Pluralismo político e institucionalidad democrática: Este principio implica el reconocimiento de la diversidad de visiones e intereses en la sociedad, garantiza la existencia de opciones políticas, el funcionamiento de medios de comunicación masiva plurales, de órganos constitucionales autónomos, y de la sociedad civil organizada como dispersores del poder político.16

El vínculo teórico entre democracia constitucional y la seguridad humana

El vínculo entre democracia (liberalismo) constitucional y seguridad humana es profundo, ya que, sin garantías constitucionales efectivas, participación política libre y plural, y mecanismos efectivos para limitar el poder arbitrario, las personas se exponen a múltiples formas de violación a sus derechos humanos y fundamentales.17

Así, un efectivo equilibrio de poderes no solo proporciona legitimidad a un régimen democrático, sino también un marco constitucional mínimo para construir un orden justo, inclusivo y protector de la dignidad humana. A través de la promoción de instituciones políticas que permitan la participación ciudadana y la protección a los derechos fundamentales, la democracia constitucional puede coadyuvar a la formulación de políticas públicas que orienten efectivamente al desarrollo y seguridad humanos.18

Análisis del caso de México: tensiones entre liberalismo constitucional y seguridad humana

México se auto define como una democracia con una constitución que respeta derechos humanos, ejerce controles a la corrupción, organiza elecciones periódicas y posee un sistema de gobierno electo por la voluntad popular.19 Sin embargo, la experiencia concreta de millones de ciudadanos revela una brecha persistente entre estos ideales constitucionales y la realidad político-sociológica, especialmente en lo referente a la promoción de la seguridad humana.

En efecto, desde hace más de dos décadas, México enfrenta niveles críticos de violencia. La batalla contra la delincuencia organizada ha derivado en una militarización sostenida de la seguridad pública sin resultados significativos en términos del respeto al Estado de derecho. En realidad, cada vez más intensamente, las organizaciones criminales oprimen territorios, cooptan autoridades locales y violan derechos humanos de forma sistemática.20

Este contexto adverso ha multiplicado las amenazas serias a la seguridad humana del pueblo mexicano:

• Seguridad personal: por ejemplo, con más homicidios, desapariciones forzadas, mayor violencia de género, extorsión y desplazamiento forzado.
• Seguridad comunitaria: por ejemplo, con el debilitamiento de redes sociales, la fragmentación del tejido comunitario o el colapso de la confianza en las instituciones.
• Seguridad política y jurídica: por ejemplo, con más impunidad, corrupción judicial, abuso del sistema de administración de justicia, y limitación del ejercicio de derechos políticos y libertades civiles.

Déficits de legalidad y Estado de derecho

Aunque la Constitución mexicana reconoce un amplio catálogo de derechos fundamentales, su protección eficaz es débil. La impunidad —que supera el 90 % en delitos del fuero común según el análisis de asociaciones independientes— revela un sistema de procuración y administración de justicia muy erosionado.21 En efecto, la impartición de justicia, especialmente en materia penal, sigue siendo lenta, desigual y poco confiable para amplios sectores vulnerables de la población.22

Además, las reformas constitucionales recientes (2024) en materia de seguridad pública (por ejemplo, las relativas a la militarización de la Guardia Nacional o a la ampliación de la prisión preventiva oficiosa) han sido criticadas por priorizar la lógica del control político sobre la lógica de la eficiencia del sistema de prevención, investigación, persecución y procesamiento de delitos.23

Lo anterior crea tensiones entre la consecución de la seguridad pública, la paz en la nación y el respeto a los derechos fundamentales.

La reciente erosión de la integridad electoral en México

Previo al triunfo de López Obrador en 2018, México había consolidado un sistema electoral aceptablemente íntegro, aunque la calidad de su democracia en general seguía siendo muy limitada.24 Después de este triunfo, la concentración del poder en el ejecutivo federal, el debilitamiento de los pesos y contrapesos entre los poderes del Estado y la intervención de la delincuencia organizada han mermado tanto la integridad de los procesos electorales como la capacidad del Estado mexicano de hacer valer el Estado de derecho.25

Por otra parte, en los últimos siete años (2018-2025), la participación ciudadana efectiva en la formulación de políticas de seguridad pública, la transparencia y el acceso a la información pública, la rendición de cuentas en todos los órdenes de gobierno, el respeto a la libertad de expresión de la sociedad civil y de la prensa independiente, entre otras dimensiones de la calidad de la democracia, han sufrido serios retrocesos en México.26

Lo anterior ha puesto en serio riesgo el ejercicio de las libertades civiles y de los derechos políticos en este país y con ello la capacidad real de la sociedad mexicana para defender sus derechos fundamentales, y así proteger la dignidad de toda persona frente a los abusos de poder.

Hacia un nuevo paradigma de seguridad: seguridad humana como prioridad del Estado constitucional

Superar la crisis de violencia e impunidad en México exige replantear el modelo vigente de seguridad. En este sentido, la seguridad humana ofrece un fundamento teórico-conceptual idóneo para proponer políticas públicas que persigan la paz, el desarrollo y la justicia dentro del Estado constitucional mexicano al sugerir su reorientación hacia:

• Prevención social de la violencia y no solo su contención.
• Fortalecimiento institucional, principalmente a través de la mayor transparencia y rendición de cuentas de las autoridades de seguridad pública.
• Mayor participación comunitaria en el progresivo fortalecimiento del Estado de Derecho, partiendo desde el ámbito local.
• Mayor inversión en el desarrollo humano, la salud integral, la educación cívica y la cohesión social de los mexicanos.27

Esta reorientación a su vez revitalizaría la legitimidad democrática del sistema político mexicano, ya que fortalecería una visión del Estado mexicano centrada en la protección efectiva de toda persona humana y de sus derechos fundamentales.

Políticas públicas para fortalecer la democracia constitucional en México

Sin pretensión de exhaustividad, sino solamente de mera enunciación, a continuación, se sugieren las siguientes estrategias de política pública para fortalecer la democracia (liberalismo) constitucional, el Estado de derecho y la seguridad humana en México.

Fortalecimiento de la independencia judicial a través de nombramientos basados en el mérito
y el desempeño

Reformar el recién aprobado proceso de selección de jueces, magistrados y ministros para garantizar que se base estrictamente en el mérito, el desempeño profesional, las calificaciones académicas, la experiencia, y que sea libre de conflictos de interés político. Esta estrategia incluye la creación de comités de selección transparentes, procesos de examen rigurosos, así como mecanismos exigentes y transparentes para la progresión de la carrera judicial, que impidan la intervención indebida de los poderes ejecutivo y legislativo, tanto a nivel nacional como estatal, en esta selección.28

De implementarse, esta estrategia de política pública fortalecería el equilibrio de poderes en México, e incidentalmente la seguridad humana, ya que facilitaría la consecución de un poder judicial independiente con mayor legitimidad, que fuera garante efectivo de los derechos fundamentales y que redujera la corrupción, la impunidad y la captura institucional.

Promoción de los pesos y contrapesos dentro del sistema presidencial de gobierno mexicano

1. Reforzar las facultades de control del Congreso de la Unión sobre el Ejecutivo Federal.
2. Fortalecer el sistema electoral de representación proporcional para garantizar la pluralidad en el Congreso de la Unión y los Congresos Estatales, así como la democracia de consenso para la toma de decisiones políticas transcendentes en dichos congresos.
3. Fortalecer las facultades de revisión presupuestaria, así como el control legislativo y los mecanismos de rendición de cuentas de los funcionarios federales y estatales.
4. Garantizar un control eficiente de la constitucionalidad de las leyes, así como de sus efectos generales, a través del juicio de amparo y otros medios de control constitucional, para así evitar injusticias a colectivos dentro del Estado mexicano.

Esta estrategia garantizaría un sistema más funcional de pesos y contrapesos dentro del sistema presidencial mexicano, el cual coadyuvaría al fortalecimiento del Estado de derecho y, por consiguiente, al respeto de derechos fundamentales en este país. Al fortalecer estos pesos y contrapesos se equilibra el ejercicio del poder, se reduce el autoritarismo, y se refuerza la transparencia y la rendición de cuentas.

Salvaguardas de ciudadanización e imparcialidad de los órganos electorales

1. Garantizar, en la ley y en la práctica, los principios de ciudadanización y de independencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), frente a presiones partidistas que pretendan obstaculizar su imparcialidad y operaciones.
2. Garantizar, en la ley y en la práctica, su financiamiento público para llevar a cabo apropiadamente todas sus funciones constitucionales, desde el registro de electores, el conteo de votos, la resolución de disputas hasta la calificación de las elecciones.29

Esta estrategia es crucial, ya que la integridad electoral a nivel nacional depende de la independencia, especialización y ciudadanización del INE y del TEPJF para garantizar equidad, imparcialidad y legalidad en los diversos procesos electorales, así como la transferencia pacífica del poder, lo cual es esencial para la vigencia de una democracia constitucional real y no meramente formal.

Promoción de mayor transparencia, rendición de cuentas y de lucha contra la corrupción

1. Restablecer los organismos constitucionales autónomos competentes en materia de transparencia y acceso a la información pública, tanto a nivel federal como estatal.
2. Diseñar e implementar reglas más estrictas de declaración de bienes y de conflictos de interés para todos los funcionarios públicos, con auditorías rigurosas y garantía de acceso público a la información.
3. Garantizar una efectiva protección a cualquier denunciante de corrupción pública.
4. Facilitar la supervisión ciudadana del gasto público y de los procesos gubernamentales.30

Esta estrategia reduciría significativamente las oportunidades de abuso de poder, generaría mayor confianza en la administración pública, fortalecería el tejido institucional y garantizaría un uso más transparente y responsable de los recursos públicos. Todo lo anterior fortalecería el Estado de derecho y, por consiguiente, el respeto de derechos fundamentales esenciales en México.

Fortalecimiento de la gobernanza estatal y del federalismo fiscal

1. Fomentar una mayor autonomía fiscal y capacidad financiera para los estados y municipios, acompañada de mecanismos más claros y efectivos de transparencia y rendición de cuentas.
2. Promover la descentralización responsable de los servicios públicos y de la toma de decisiones políticas para acercar el gobierno a los ciudadanos y fomentar la participación ciudadana en estas decisiones.31

Esta estrategia reconfiguraría la estructura federal del Estado mexicano al permitir una gobernanza democrática más descentralizada, participativa y cercana a las necesidades de los ciudadanos. Lo anterior fortalecería la capacidad institucional del Estado mexicano para garantizar, de igual forma, la provisión de los servicios públicos y la consecución de la prosperidad y el desarrollo a lo largo de su territorio. Un federalismo fiscal más justo y funcional permitiría que las entidades federativas contaran con recursos y autonomía para diseñar políticas públicas acordes con sus contextos.

Fomento de la libertad de prensa y de la protección a periodistas

1. Implementar mecanismos legales e institucionales más sólidos para proteger a los periodistas de la violencia, el acoso y la censura, tanto oficial como de la delincuencia organizada, incluyendo la investigación y persecución eficiente de los delitos contra ellos.32
2. Promover el pluralismo y la diversidad mediática, y permitir un acceso equitativo a la publicidad oficial y privada para todos los medios de comunicación masiva33.

Esta estrategia promovería una esfera pública más constructiva e independiente que permitiera el control social del poder, la formación inclusiva de la opinión pública, una conveniente pluralidad informativa, así como un debate público más informado que exigiera cuentas efectivas al poder, permitiera que los ciudadanos tomaran decisiones políticas maduras y lograran elecciones más libres y equitativas. Todo lo anterior fortalecería eventualmente la protección de los derechos fundamentales y, por tanto, la seguridad humana en México, así como de la seguridad personal de los periodistas.

Promover la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas

1. Ampliar y fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas en todos los órdenes de gobierno (por ejemplo, a través de presupuestos participativos, consultas públicas, referéndums y/o plebiscitos), asegurando que estas decisiones sean verdaderamente inclusivas y, sobre todo, deliberativas.34
2. Promover espacios de debate público de calidad para capacitar a los ciudadanos en la toma madura e informada de decisiones políticas.35

Esta estrategia promovería la calidad y la legitimidad democrática de las políticas públicas al permitir que los ciudadanos participaran deliberativamente en su creación y pudieran exigir mayores cuentas a sus representantes políticos en su implementación, más allá de los procesos electorales. Lo cual permitiría que estas políticas se orientaran más eficientemente a la protección de los derechos fundamentales y, por tanto, al desarrollo y seguridad humanos en México, ya que la participación ciudadana activa asegura que el Estado funcione con base en el interés público y no al servicio de las élites.

Profundizar la profesionalización del servicio público

1. Establecer sistemas de servicio civil de carrera sólidos y basados en el mérito, en todas las ramas y órdenes de gobierno, con el fin de asegurar que los nombramientos, promociones y despidos se basen en cualificaciones profesionales, experiencia y desempeño, no en afiliaciones partidistas.36
2. Garantizar la capacitación continua, la formación ética, así como un sistema disciplinario eficaz para cualquier conducta abusiva de los servidores públicos.37

Esta estrategia fortalecería la eficiencia, imparcialidad, honestidad y confiabilidad de la administración pública en México, reduciría su corrupción, elevaría la calidad de la gobernanza democrática y permitiría una implementación más efectiva de políticas públicas orientadas al interés público, robusteciendo, de esta forma, la fortaleza del Estado de derecho y de la protección de los derechos fundamentales en este país.

Reforma al sistema de partidos políticos y promoción del consenso en la toma
de decisiones políticas

1. Implementar reformas constitucionales y legales para hacer realidad la democracia interna en los partidos políticos, por ejemplo, a través de la obligatoriedad de elecciones primarias transparentes de candidatos a puestos de elección popular, así como de líderes partidistas.38
2. Establecer reformas constitucionales para promover mayor consenso partidista y ciudadano en la toma de decisiones trascendentes de los poderes legislativos federal, estatales e incluso municipales (ayuntamientos).39

Al fomentar la democracia interna en los partidos, en su rendición de cuentas y en el diálogo interpartidista, se fortalecería su papel como vehículos de representación y agregación de intereses sociales. Esta estrategia fortalecería de igual forma su integridad y funcionalidad, así como el consenso político; los partidos y sus candidatos rendirían mejores cuentas a la ciudadanía y se convertirían en mejores representantes. Este fortalecimiento de la calidad de la democracia tendría, a su vez, un impacto positivo en la fortaleza del Estado de derecho y, por tanto, en la protección de los derechos fundamentales en este país.

Fortalecer el acceso universal a la justicia y a la protección de los derechos fundamentales

1. Garantizar el acceso efectivo a la justicia, así como la expansión de la asistencia jurídica, de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, y de la justicia especializada para grupos vulnerables.40
2. Garantizar la adecuada, pronta e imparcial investigación, persecución y reparación de las violaciones a los derechos humanos y fundamentales.41

Garantizar el acceso universal a la justicia contribuiría a que el derecho se orientara de mejor manera hacia el bien común. Esta estrategia promovería que el Estado Mexicano protegiera más eficazmente la dignidad humana, lo cual fortalecería el Estado de Derecho y la seguridad humana en este país.

Estrategias de política pública para fortalecer la seguridad humana en México

Ahora toca el turno de reflexionar sobre algunas estrategias de política pública pertinentes para fortalecer inmediatamente la seguridad humana en México, las cuales podrían fortalecer indirectamente la democracia de este país, no solamente constitucional, sino también participativa, deliberativa y representativa.

En este sentido, la calidad de la seguridad humana incidiría positivamente en el desarrollo humano de todos los habitantes de México, y este tipo de desarrollo impactaría, a su vez, asertivamente en ciertas condiciones necesarias para la consolidación de un régimen democrático en este país.

A continuación, se sugieren algunas estrategias de política pública que tendrían un efecto positivo en la calidad de la seguridad humana de todos los habitantes de México.

Fortalecimiento de las policías de prevención e investigación del delito

1. Implementar programas integrales de profesionalización para las fuerzas policiales estatales y municipales, enfocándose en estrategias eficientes de prevención e investigación del delito, en policías de proximidad, en técnicas de investigación y en capacidades forenses.
2. Incluir una depuración rigurosa, la capacitación continua y la promoción de las condiciones laborales y salariales de las policías de prevención e investigación del delito para reducir su vulnerabilidad a la corrupción y aumentar su confianza ante la ciudadanía.42
3. Fortalecimiento de los controles institucionales, sociales y de corrupción sobre este tipo de policías para que su actuación se dirija con mayor eficiencia hacia la consecución del orden público y la aplicación íntegra de la ley.43

Esta estrategia conjunta robustecería la “libertad frente al miedo” de los mexicanos (un componente esencial de la seguridad humana), al garantizar una aplicación de la ley más responsable, imparcial y equitativa; así como su “libertad frente a la miseria” (otro componente esencial de la seguridad humana), al crear empleos más estables y mejor remunerados para las fuerzas de seguridad pública. Una policía capacitada y cercana a la ciudadanía no solo mejoraría la prevención e investigación del delito, sino también contribuiría al restablecimiento del tejido social, al respeto de los derechos humanos y al fortalecimiento del Estado de derecho en México.

Reforma integral del sistema de justicia penal en México

1. Garantizar una persecución e investigación del delito más objetiva, imparcial, profesional y respetuosa de los derechos fundamentales de todo acusado e indiciado.
2. Garantizar el respeto pleno al debido proceso de toda persona acusada e indiciada de delito.
3. Fortalecer las fiscalías (federal y estatales) de investigación del delito con más personal capacitado, con más recursos materiales y logísticos, así como mejores salarios.
4. Promover mecanismos alternativos de solución de conflictos para aquellos delitos menores que no requieran una intervención sustantiva del Estado para su reparación y corrección.
5. Ampliar la asistencia jurídica en procesos judiciales, especialmente a grupos vulnerables, como los pueblos indígenas, los migrantes o las personas con capacidades diferentes.
6. Limitar la aplicación de la prisión preventiva oficiosa a los casos estrictamente necesarios de acuerdo con la doctrina internacional de los derechos humanos y así garantizar en todo momento el principio de presunción de inocencia y el debido proceso de toda persona acusada o indiciada por delito.44

Esta estrategia integral promovería la “libertad frente al miedo” de los mexicanos, pues la debilidad del sistema de justicia penal contribuye al círculo vicioso de impunidad, desconfianza y violencia en México. Así pues, la transformación propuesta garantizaría una administración de justicia más objetiva, imparcial y equitativa, así como una apropiada rendición de cuentas de las autoridades preventivas y de investigación del delito; de igual forma garantizaría a cualquier acusado e indiciado por delito mayor seguridad jurídica y el respeto de sus derechos fundamentales.

Fortalecer el programa nacional de búsqueda e identificación de personas desaparecidas

Financiar sustancialmente y otorgar facultades más relevantes a la Comisión Nacional de Búsqueda (de la Secretaría de Gobernación) y a las comisiones de búsqueda estatales para realizar un trabajo más eficiente en relación con este objetivo. Esto implica fortalecer sus capacidades forenses, crear bases robustas de datos genéticos, garantizar la participación de las familias de las víctimas en su búsqueda, así como promover el juicio y el debido proceso de los responsables de estas desapariciones.45

Esta estrategia coadyuvaría a la “libertad frente al miedo”, así como a la “libertad frente a la indignidad” de las víctimas de este delito y de sus familias, ya que repararía el daño social, restauraría la confianza ciudadana en las instituciones, y enviaría un mensaje claro contra la impunidad y el abandono estatal. De igual forma, garantizaría mayor acceso a la verdad, así como a la justicia para las víctimas de este delito y sus familias. Como se puede inferir fácilmente, todo lo anterior contribuiría a la consolidación del Estado de derecho y al respeto de los derechos fundamentales en México.

Prevención del delito en comunidades de alto riesgo

Implementar programas de prevención del delito centrados en una educación de calidad de la juventud, la capacitación para el trabajo y/o el emprendimiento, la formación integral en valores morales y éticos, los deportes, las actividades culturales y la creación de empleos formales y estables en las comunidades más afectadas por la delincuencia organizada y la marginación social. El diseño e implementación de estos programas deben involucrar la participación de las comunidades locales.46

Esta estrategia fortalecería la ciudadanía activa, los vínculos comunitarios y el compromiso con la legalidad, incidiría positivamente en la “libertad frente al miedo” de estas comunidades al reducir las oportunidades de reclutamiento criminal de los jóvenes, así como en su “libertad frente a la miseria” al proporcionarles mayores oportunidades para su desarrollo económico, social, cultural, educativo, espiritual y humano, principalmente en comunidades de alto riesgo. Como se puede inferir, todo lo anterior también coadyuvaría al fortalecimiento de la seguridad pública y al respeto de los derechos fundamentales en México.

Expansión de la protección social en comunidades vulnerables

Ampliar el acceso a la educación de calidad a la capacitación para el trabajo y el emprendimiento, a la atención médica y a programas de seguridad social de calidad, particularmente en comunidades rurales e indígenas desatendidas. Esto incluye programas sociales que aborden la pobreza extrema, la inseguridad alimentaria y el desempleo, asegurando que estén diseñados con un enfoque de promoción del desarrollo humano y no sean discriminatorios.47

Esta estrategia promovería condiciones materiales mínimas para el ejercicio pleno de los derechos y la participación política efectiva, por tanto, impactaría positivamente en la “libertad frente a la miseria”, pues a través de ella se garantizaría la satisfacción de las necesidades básicas de estas comunidades, así como el acceso a mejores oportunidades de desarrollo humano. De igual forma, reduciría su vulnerabilidad hacia la explotación laboral y/o sexual. En este sentido, un mayor desarrollo humano y una menor vulnerabilidad económica de estos sectores de la población coadyuvarían al mayor respeto de sus derechos fundamentales y, por consiguiente, a la calidad de su seguridad humana.

Protección efectiva a periodistas y líderes sociales

1. Fortalecer el mecanismo federal de protección a periodistas y líderes sociales, asegurando su efectividad, respuesta rápida, recursos suficientes y coordinación apropiada con las autoridades a nivel estatal.
2. Implementar medidas efectivas para neutralizar los ataques contra los periodistas y la sociedad civil organizada, incluyendo un diseño jurídico-institucional idóneo que evite la impunidad de tales delitos.48

Esta estrategia contribuiría a garantizar el derecho a la verdad, el acceso a la información y el debate público libre, por tanto, protegería en forma más eficiente la “libertad frente al miedo” de los mexicanos (componente esencial de la seguridad humana), así como las libertades civiles, como por ejemplo la libertad de expresión, de prensa, de asociación o de manifestación, tanto de los periodistas como de la sociedad civil. En este sentido, esta estrategia robustecería el respeto a derechos fundamentales cruciales y, por tanto, a la protección de la libertad e integridad de los líderes sociales y de la opinión pública.

Implementar políticas de seguridad que protejan especialmente a las mujeres

1. Fortalecer las unidades especializadas que investigan la violencia de género (feminicidio, violencia doméstica, violencia sexual) para así garantizar a mujeres y niñas justicia eficiente y un mejor acceso a las reparaciones correspondientes.
2. Promover una mayor participación de las mujeres en el diseño e implementación de políticas de prevención e investigación del delito, principalmente de aquellos delitos que violen sustancialmente su dignidad humana.49

Esta estrategia de política pública fortalecería principalmente la “libertad frente al miedo” y la “libertad frente a la indignidad” de muchas mujeres y niñas en México, ya que permitiría visibilizar, prevenir, investigar y sancionar eficazmente la violencia contra mujeres y niñas, incluyendo el feminicidio y la violencia doméstica. De igual forma, coadyuvaría a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva para este grupo vulnerable. Como se puede inferir fácilmente, todo lo anterior contribuiría significativamente al respeto de sus derechos fundamentales y al fortalecimiento de su seguridad humana.

Implementar una estrategia efectiva de protección ambiental y desarrollo económico sostenible

1. Diseñar y hacer cumplir leyes más coherentes y consistentes con una protección ambiental eficiente en México.
2. Proteger los recursos naturales con una visión de desarrollo sustentable de largo plazo para este país.
3. Fomentar prácticas sostenibles a largo plazo de explotación de recursos naturales, particularmente en áreas indígenas y rurales de este país.
4. Abordar con mayor trasparencia, responsabilidad y rendición de cuentas los impactos del cambio climático y de la degradación ambiental que afectan seriamente a comunidades vulnerables.50

Esta estrategia de política pública fortalecería la “libertad frente a la miseria” de los mexicanos al garantizar medios de vida sustentables a través de la protección de ecosistemas esenciales para la vida digna y la explotación racional a largo plazo de los recursos naturales, lo cual se alinea con los principios de justicia intergeneracional y el respeto a sus derechos fundamentales y su “libertad frente al miedo” al reducir los riesgos asociados con el cambio climático, especialmente para las comunidades locales que dependen de los entornos naturales.

Política migratoria con énfasis en la protección de la dignidad humana

Desarrollar e implementar una política migratoria integral que priorice la dignidad humana de los migrantes, independientemente de su estatus migratorio. Esto incluye proporcionar asistencia humanitaria, impedir la trata y el tráfico de personas, y fortalecer los mecanismos de asilo y protección a refugiados.51

Esta estrategia promovería significativamente la “libertad frente al miedo” y la “libertad frente a la indignidad” para un grupo altamente vulnerable en México, ya que entre otras cuestiones prevendría abusos, protegería a víctimas de trata, y garantizaría el acceso a servicios básicos, justicia y procedimientos de asilo eficaces a este sector de la población. También reconocería abiertamente que la protección de su dignidad humana es una parte sustancial de la seguridad humana de toda la nación.

Promoción de la paz y del desarrollo a través del sistema educativo nacional

1. Incorporar una educación para la paz, basada en los principios de solidaridad, subsidiariedad, y búsqueda del desarrollo nacional y del interés público en los planes de estudio nacionales.
2. Promover desde la educación básica una actitud constructiva y colaborativa, las habilidades para la solución de conflictos, la empatía, así como una cultura de legalidad y de respeto a los derechos humanos de todos los habitantes de este país.52

Esta estrategia de política pública fortalecería el tejido social, prevendría la violencia estructural y simbólica, y construiría a una ciudadanía activa capaz de exigir cuentas, lo cual reforzaría tanto la “libertad frente al miedo” como la “libertad frente a la miseria” de los mexicanos, ya que también fomentaría una sociedad más solidaria y subsidiaria, y el carácter moral necesario para defender los derechos fundamentales en forma eficiente. En último término, todo lo anterior fortalecería al Estado de derecho y, por tanto, la seguridad humana en este país.

Conclusiones

En el presente artículo no se discutió solamente la relación teórica entre el liberalismo (o democracia) constitucional y la seguridad humana, sino también se proporcionó un panorama de diversos pasos accionables (o estrategias de política pública) convenientes para lograr que ambos conceptos puedan volverse realidades presentes en México.

Estas estrategias de política pública fueron descritas en términos generales, sin entrar en detalle sobre su correspondiente diseño e implementación en México, ya que para ser abordadas profundamente sería necesario escribir un artículo de investigación para cada una de ellas.

No obstante, la intención en el presente artículo fue pasar de la exposición teórica sobre el liberalismo constitucional y la seguridad humana a propuestas concretas de acción para lograr que ambas dimensiones logren un desempeño favorable en este país, y de esta forma, poder contribuir, poco a poco, a la construcción de un Estado constitucional mexicano auténticamente libre, justo y seguro.

En este tenor de ideas, México enfrenta actualmente profundos desafíos para garantizar tanto la libertad e igualdad política como la seguridad humana en su territorio, ya que experimenta un contexto marcado por profundas desigualdades sociales, económicas y culturales, así como por violencia e impunidad sistémicas, entre otros serios problemas.

Aunque el país cuenta con un marco convencional, constitucional y legal formalmente respetuoso de los derechos humanos, la distancia entre su positividad y su vigencia real es alarmante. Esta brecha no solo debilita la fortaleza de su Estado de derecho, sino también impide la consolidación de un régimen democrático que se oriente efectivamente a la protección de los derechos fundamentales de su población.

Por otra parte, la consecución de la seguridad humana en México exige mucho más que un control policial efectivo del delito o una presencia militar extendida para su contención; requiere, entre otras cuestiones, instituciones políticas y económicas inclusivas, políticas públicas subsidiarias y solidarias con los grupos más vulnerables y un compromiso sólido y consistente del gobierno mexicano con el desarrollo nacional y la dignidad de todos los habitantes de su país.

En este sentido, el fortalecimiento de la democracia en México no se refiere solamente a una cuestión de integridad electoral, sino sobre todo a la eficacia de un marco convencional, constitucional y legal que permita a toda persona disfrutar realmente de sus derechos fundamentales y así vivir con auténtica libertad y dignidad, para poder construir progresivamente su desarrollo económico, ambiental, social, cultural, humano, etc., así como su seguridad humana.

Por ello, es necesario resaltar la necesidad del liberalismo constitucional para consolidar el Estado de derecho en México, ya que aparte de integridad electoral, un régimen democrático necesita, entre otras cosas, del equilibrio de poderes, el pluralismo político, la participación ciudadana, la descentralización eficiente de facultades y servicios públicos, la transparencia y rendición de cuentas, la independencia del poder judicial y el control ciudadano sobre la seguridad pública.

De esta forma, el fortalecimiento de la libertad e igualdad política en México, a través de la consolidación de la democracia constitucional, haría más fácil la consecución de la seguridad humana de sus habitantes, pues coadyuvaría a la consolidación de su Estado de derecho, el cual constituye condición sine qua non para la protección efectiva de sus derechos fundamentales; este tipo de protección permitiría a todos los habitantes de este país disfrutar realmente de la “libertad frente al miedo”, la “libertad frente a la miseria” y la “libertad frente a la indignidad”, las cuales constituyen doctrinalmente, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los tres pilares de una auténtica seguridad humana de cualquier país.

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